Riesgo ambiental, una deuda con la niñez

La mitad de los niños y adolescentes argentinos vive en lugares con alto índice de vulnerabilidad social, en su mayoría en el noroeste y noreste, afectada por la falta de saneamiento básico y la contaminación agraria e industrial.


Cada tantos kilómetros, las acogedoras poblaciones del interior de Tucumán y de Jujuy tienen accidentes no previstos por la topografía: montañas de bagazo de caña que se acumulan a la intemperie. Cuando ese residuo se humedece, lanza esporas que, al mezclarse con el aire, provocan una enfermedad muy común en el norte argentino, la bagazosis, una variante de neumonitis crónica que algunos desprevenidos confunden con alergia. Este es sólo uno de los casos que explican por qué el 52 por ciento de los niños, niñas y adolescentes argentinos (casi seis millones en el censo 2001) vive en lugares con alto o muy alto índice de vulnerabilidad social y riesgo ambiental, de acuerdo con un estudio elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Nación con la colaboración de la OPS, la OIT, Unicef y el Pnud, en base a estadísticas del gobierno nacional y de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre).
El Atlas de riesgo ambiental de la niñez de Argentina, un libro que será presentado en los próximos días, indica que el 58 por ciento de los menores de 18 años habita municipios donde la falta de saneamiento básico lo expone a enfermedades. Las situaciones más graves se dan en zonas de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán y el segundo cordón del conurbano bonaerense. En tanto, un 42 por ciento de esa franja etaria es sometido a contaminación industrial en los grandes centros urbanos del país. Sin embargo, el peligro de toxicidad mayor se observa en localidades rurales de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y Chaco, donde el 29 por ciento de los niños se halla en riesgo debido al uso de agroquímicos y a la contaminación natural que generan cultivos como la caña de azúcar y el algodón.
Para elaborar el Índice de Vulnerabilidad Social de la Niñez (Ivsn), la Defensoría tomó cinco parámetros, según explicó la titular del Área Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del organismo, Cristina Maiztegui: “Uno, niños con necesidades básicas insatisfechas porque no era suficiente el índice de pobreza; dos, mortalidad infantil en menores de un año, con datos oficiales del Ministerio de Salud; tres, niños que viven con un jefe de hogar que no tiene empleo; cuatro, niños sin plan médico, y cinco, se consideró la cuestión educativa a las mujeres en edad fértil que tienen menos de cuatro años de escolaridad aprobados, porque son un buen indicador de reproducción de esa vulnerabilidad social”. El Ivsn se combinó luego con las amenazas causadas por la carencia de cloacas y agua potable, y por las actividades productivas agrícola e industrial, con lo cual se arribó al Índice de Riesgo Ambiental.
El Atlas sería apenas una suma de guarismos, si no fuera que tienen tanta incidencia en la salud de los argentinos. En efecto, estadísticas de la Organización Mundial de la Salud aclaran que el 36 por ciento de las muertes de niños de 0 a 14 años responde a riesgos ambientales. Además, establecen que en las últimas cuatro décadas la perspectiva de vida aumentó 18 años en los grandes centros urbanos y sólo cinco en algunas zonas rurales sin desarrollo. “Generamos mucha riqueza, abundantes balances de pago, se exportan minerales, se produce mucho, tenemos un PBI inmenso, pero tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo con nuestros recursos naturales y con la gente”, resume el problema Maiztegui, y propone: “El Atlas de riesgo ambiental apunta en última instancia a que se puedan establecer políticas públicas en base a este diagnóstico. Un diagnóstico desde la gente, desde la niñez, orientado a proteger la niñez”.
El riesgo de contaminación también puede ser leído como una metáfora histórica del país: durante las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón (1946-1955), el Ministerio de Salud obligó a todos los ingenios del país a construir hospitales para paliar los efectos ambientales del desarrollo. En cambio, la última dictadura militar traspasó esos centros asistenciales a la órbita pública y deslindó así la responsabilidad de quienes provocan esa contaminación. Otra deuda que tenemos con nuestros hijos.

José Luis Cutello para Caras y Caretas